Los crímenes silenciados

Era inicios de 2021 y en Perú se disputaba el último tramo de la campaña presidencial entre la candidata de derecha, Keiko Fujimori, y el representante de izquierda, Pedro Castillo. Una contienda que se caracterizó por la utilización política del miedo, con mensajes que asociaban un eventual triunfo de la izquierda a un inminente regreso de la violencia terrorista que azotó al país entre 1980 y el 2000. Pero también fueron elecciones donde se expandió el ‘terruqueo’, un término que describe la práctica de acusar de terrorista a personas que manifiestan ideas progresistas o cuestionan el sistema de gobierno, con el fin de desacreditarlas.

A 500 kilómetros de la capital, en el distrito de Yarinacocha, en la selva de Ucayali, Sandra Tuanama Tenazoa atendía su peluquería con la única condición de no sintonizar los noticieros. Estaba cansada del debate electoral, pero los rumores y desinformación se colaban en su negocio por los propios clientes. Como la vez que un hombre, a quien le cortaba el cabello, le dijo: “Ojalá gane Castillo para que ustedes desaparezcan. Dicen que una de sus promesas de campaña es matar a todos los cabros”. Sandra, activista y líder de la Red de Mujeres Trans de Yarinacocha (Remutic), solo atinó a responder: “Eso no se desea a nadie ¿Cómo te sentirías que a tu hijo le hagan eso?”.

Sandra era adolescente cuando Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) acentuaron sus acciones terroristas en la selva peruana, a finales de los 80, periodo en el que se inició una etapa de persecución y muerte contra personas trans y homosexuales. En su entorno se hablaba de las compañeras asesinadas y en su casa le advertían las horas en que debía permanecer en casa para esconderse de las patrullas subversivas.

La campaña presidencial de 2021 trajo de regreso estos recuerdos. Ganara o perdiera cualquier candidato, Sandra suponía que las mujeres trans estaban en la mira. Por eso, cuando la prensa informó que un grupo narcoterrorista asesinó a 16 personas en la vecina región de Junín, días previos a la segunda vuelta electoral, la líder trans creyó que irían tras ellas. Les escribió por WhatsApp a sus amigas y les informó que las reuniones de la red quedaban suspendidas por seguridad.

Sandra entró a su peluquería, tomó las tijeras y, frente al espejo, se cortó el cabello hasta la nuca. Sus amigas siguieron su ejemplo y se deshicieron de sus largas cabelleras, lo que para ellas era un símbolo de su identidad de género. Cambiaron los tops cortos por polos holgados, las mallas por jeans gruesos. Pausaron las salidas nocturnas y borraron sus fotos antiguas de las redes sociales. Empezaron a esconderse sin maquillaje.

El miedo se sostiene en el pasado reciente, pero también en el olvido. Un número no calculado de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) fueron perseguidas, torturadas y ejecutadas en la selva peruana durante el conflicto armado interno. Sin embargo, más de dos décadas después, el Estado no ha realizado una recopilación histórica de estos hechos para identificar la dimensión del odio.

En este reportaje se recogen las voces inéditas de mujeres trans y homosexuales que sobrevivieron a la violencia terrorista en la Amazonía. Personas de Loreto, Ucayali y San Martín que presenciaron o sufrieron violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, y que no tuvieron la oportunidad de ser escuchadas o resarcidas por el Estado para procesar lo vivido.

Esta investigación también expone, por primera vez, los detalles de la única investigación fiscal que llegó a los tribunales para demostrar que los crímenes terroristas contra los colectivos de la diversidad sexual no fueron hechos aislados. Un expediente donde se acusa a los exlíderes subversivos y que aún no obtiene sentencia. Se cuenta, además, el actual contexto de creciente discriminación y violencia contra las personas LGBTI, donde los nuevos perpetradores del odio ya no necesitan pasamontañas o fusiles para sus propósitos.

La Lupuna es uno de los gigantes verdes de la Amazonía. Un árbol que puede llegar a medir 70 metros de altura, y al que se le atribuyen propiedades medicinales y creencias míticas. Uno de estos ejemplares resiste desde hace más de 200 años en Pucallpa, en la región Ucayali, y es la atracción turística de un parque que lleva su nombre. Sin embargo, las marcas de bala en su tronco narran otra historia: a sus pies eran arrojados los cadáveres de ladrones, drogadictos, prostitutas y homosexuales que fueron acribillados por los terroristas a finales de los 80.

Romy Ramírez Vela tenía 28 años cuando se salvó de ese destino. Era 1989 y vivía en casa de sus padres, casi a escondidas, porque cuando caía la noche las patrullas subversivas recorrían la zona para interceptar a homosexuales. Salía exclusivamente para hacer compras, pero esa tarde se escabulló a fin de encontrarse con su enamorado. Al regreso, ambos se quedaron conversando a pocos metros de su vivienda y no se percataron que se aproximaba una camioneta con media docena de hombres armados, hasta que los tuvieron cerca.

El vehículo bajó la velocidad y, al pasar, uno de sus ocupantes estiró la mano para rozar los hombros de Romy, que llevaba una larga cabellera. Su grito agudo y breve hizo que el terrorista saltara de la camioneta. Este desenfundó su arma, le apuntó a la cabeza y gritó: ¡Corre conchetumadre, corre! Romy corrió sin voltear. Llegó a su casa con un hilo de voz, pidiendo a su madre que le abra la puerta. A su novio, que vio cómo la apuntaban en todo el trayecto, le dijo que si volvían a verlos juntos los iban a fusilar, uno a espaldas del otro.

Han pasado más de dos décadas desde que el terrorismo dejó de ser una amenaza para sus vecinos. Romy sigue viviendo en el mismo barrio y para llegar a su casa debe cruzar La Lupuna, el recordatorio permanente de su supervivencia y de aquellas compañeras que no lo lograron.

El primer documento oficial que confirma estos crímenes es el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), grupo de trabajo creado para analizar el conflicto armado y formular propuestas de reparación, y que este año cumple dos décadas de publicación. El texto narra cómo los grupos subversivos aplicaron una política de “limpieza social” contra aquellos que consideraban seres indeseables para la comunidad, por ejemplo, las personas LGBTI. Una acción que el sociólogo José Montalvo Cifuentes atribuyó a los mandatos culturales y extremismo ideológico promovidas por estas organizaciones criminales.

El informe de la CVR se desarrolla en nueve tomos, pero la violencia contra las personas LGBTI se describe en apenas un par de páginas y en base a cuatro casos identificados. Tito Bracamonte, exsecretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y expresidente del Movimiento Homosexual de Lima (Mhol), recuerda que la inclusión de estos crímenes en el documento oficial fue casi accidental, a pocos meses de que se imprima el texto final.

“En 2003, el Mhol realizó una vigilia pública para denunciar los crímenes contra la comunidad LGBTI. Se levantó un altar con fotos de las víctimas y se incluyó la matanza en la discoteca Las Gardenias [Tarapoto, San Martín] que salió en la prensa de aquel entonces. El equipo de la Comisión de la Verdad, que estaba por publicar su informe, vio la muestra y le pidió a su equipo cruzar sus datos con los nombres que mostramos”, explica Bracamonte.

A los investigadores de la comisión no les tomó mucho tiempo corroborar que uno de los asesinatos mencionados en la exposición del Mhol estaba en la lista de crímenes que habían recopilado. El problema era que no habían indagado en la identidad de género de las víctimas, solo en sus nombres legales. Tras revisar sus datos pudieron corroborar y añadir los cuatro casos que citan en su informe.

Se trata de las masacres en el distrito de Aucayacu, Huánuco, en 1986; en el sector La Hoyada, Pucallpa, en 1988; y dos crímenes en la ciudad de Tarapoto, San Martín, en 1989. Uno de estos es el asesinato de una persona que apareció con el cartel “Así mueren los maricones”, y el otro es la matanza en la discoteca Las Gardenias que ocurrió el 31 de mayo de 1989, y entre los que se encontraban miembros de la comunidad LGBTI. En conmemoración a las víctimas, la sociedad civil logró que cada 31 de mayo sea recordado como el Día Nacional contra los Crímenes de Odio.

Estos hechos —junto con la declaración que daría en 2008 el sobreviviente Roger Pinchi Vásquez ante el Ministerio de Justicia, sobre lo que le ocurrió a él y a su hermana Fransua Pinchi— son los únicos identificados por el Estado peruano como crímenes y vulneraciones contra personas LGBTI durante los años de terror, sin embargo, no son los únicos.

Los testimonios recogidos en este reportaje coinciden en que la mayor persecución ocurrió en el sector La Hoyada, una franja ribereña tomada por la delincuencia, pero donde las personas trans y homosexuales habían armado improvisadas canchas deportivas para jugar vóley sin sentirse juzgadas. Aquí, el 12 de setiembre de 1988, ocurrió una de las cuatro masacres que se relatan en el informe de la CVR. Ese día los periodistas fueron convocados por miembros de Sendero Luminoso para presenciar un fusilamiento público. 

“Eran las 05:30 am cuando un grupo de senderistas apareció llevando consigo a ocho personas, entre hombres y mujeres, a quienes colocó en fila. Enseguida tres hombres armados con metralletas dispararon ráfagas sobre ellos”, señala el documento. Según la información recogida por la CVR, uno de los periodistas que llegó a la zona relató que las víctimas “eran fumones, cabros y prostis”. Los cadáveres  —añade el informe— terminaron en una fosa común y nadie reclamó los cuerpos.

La Hoyada fue el patíbulo y el punto de escape. Decenas de personas trans y homosexuales formaban colas en la ribera para subir a embarcaciones que las llevarían a la vecina ciudad amazónica de Iquitos, en la región Loreto, que por carecer de acceso terrestre prometía ser un refugio temporal ante el avance del terror. En el barrio recuerdan haber despedido a varias compañeras que se vieron forzadas a migrar, entre 1985 y 1990, luego de escuchar que sus nombres habían sido incluidos en una suerte de lista mortal.

Si bien el principal verdugo de la identidad de género en La Hoyada fue Sendero Luminoso, el MRTA también desplegó acciones de amedrentamiento. Un artículo del extinto diario Página Libre, del 19 de julio de 1990, refiere actos de tortura cometidos contra dos jóvenes homosexuales. “Dichos sujetos habían sido conducidos hasta oscuros parajes por efectivos del MRTA, quienes, luego de darles una dura golpiza y amenazarlos de muerte por proseguir con sus actividades callejeras, les robaron sus pertenencias dejándolos desnudos y atados a un árbol”, se lee en la nota.

Uno de los que vivió en esta zona es Sergio Venegas, un diseñador de modas reconocido en Pucallpa por los impactantes vestidos de gala que crea para concursos y desfiles LGBTI. En su sala de costura, entre lentejuelas y fardos de telas que recrean su mundo de glamour, sus hijos juegan persiguiendo a un perro. “Nuestros padres nos criaron diciendo que debemos tener hijos sí o sí. Tengo niños y estoy muy orgulloso de ellos. Me quieren y me adoran tal como soy, ya no tengo que esconderme ni avergonzarme de nada (...) Como ves, tiendo a ser medio machito, no soy muy loca, pero por muchos años no pude ser yo mismo y eso me chocó bastante”, dice.

Sergio recuerda que tuvo que enrolarse en la Marina de Guerra del Perú a los 17 años para esconderse de Sendero Luminoso, pues sus militantes buscaban a jóvenes que estaban próximos a cumplir la mayoría de edad para integrarlos a sus filas. Lo transfirieron a la Base Naval de Iquitos, en la región Loreto, para cumplir labores administrativas por dos años, y fue allí, en el cuartel, donde aprendió a responder y a liarse a golpes cuando alguien insinuaba que era homosexual. Tuvo que modular su voz y reprimir su comportamiento.

Cuando Sergio regresó a La Hoyada las acciones subversivas habían escalado. Los campeonatos de vóley, una actividad integradora para la comunidad LGBTI, se convirtieron en actividades de identificación y muerte, debido a que terroristas infiltrados se sentaban entre el público para observarlos e indagar por su identidad de género. Querían saber quiénes eran los que ejercían la prostitución o quiénes salían en las noches con ropas femeninas.

Sergio negaba ser homosexual. Recuerda que en dos ocasiones unos desconocidos lo encañonaron camino a casa, advirtiéndole que no querían verlo ‘callejeando’. También supo de compañeras que se negaron a ocultar su identidad de género y fueron asesinadas y arrojadas al río Ucayali, o aparecieron muertas en los jirones Espinar, El Arenal y lo que antes se conocía como el sector Pacacocha. Los datos incluidos en el informe de la CVR confirman que “la mayoría de los cadáveres [de personas LGBTI] fueron arrojados a los ríos y botaderos”.

Sociólogos que han analizado la violencia terrorista, como Montalvo Cifuentes, coinciden en que los senderistas aprovecharon los prejuicios existentes en la sociedad para justificar sus crímenes. Su consigna era eliminar a los que consideraban “lacras sociales” y, de paso, ganar el respaldo de quienes pensaran lo mismo. Y lo lograron. “Un sector de los pobladores aceptó [los asesinatos] como oportunos, pues les otorgaba mayor seguridad y tranquilidad. La demanda social condujo a algunos núcleos poblacionales a desear la presencia de los senderistas para realizar campañas de limpieza”, señala el informe de la CVR. 

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “cuando ocurren crímenes contra las personas LGBTI, con frecuencia están precedidos de un contexto de elevada deshumanización y discriminación”.

Este respaldo social y el estigma contra las personas LGBTI hicieron que los familiares de las víctimas y sobrevivientes adopten un perfil bajo y no busquen justicia. “Las enterraban como hombres, sin poner su nombre de mujer. No querían admitir ni que se supiera que su familiar era gay”, recuerda Romy Ramírez. La palabra que más repitieron los y las entrevistadas cuando comentaron los motivos de este silencio fue: vergüenza.

Algunos de los y las sobrevivientes trazan una línea entre sus actitudes y apariencia con el comportamiento que tuvieron las compañeras que fueron asesinadas. Unos las describen como “rebeldes” o “desobedientes” por evidenciar su identidad trans en los años del terror, sobre todo si eran personas que debían recurrir a la prostitución callejera para mantenerse. Otras cuentan que se salvaron de ser ejecutadas porque tenían oficios conocidos o cuidaban de sus padres.

Tras el cese de la violencia, Sergio bautizó su taller de costura como Casa Hogar Niño Gay y alojó por cortos períodos de tiempo a compañeros homosexuales que se veían forzados a abandonar sus viviendas por maltratos. También participa como promotor de salud en proyectos de prevención y tratamiento del VIH en su comunidad. Equilibra su activismo con el glamour de los desfiles, dice que convirtió el miedo en resistencia.

El mismo contexto de violencia impulsó a su amigo Carlos Vilca Abal a fundar, en 2007, el Movimiento Cultural Igualdad y Futuro (Mocifú). Su objetivo —dice— es capacitar en temas de derechos humanos, liderazgo y salud a las compañeras LGBTI de Pucallpa para que estos crímenes no se repitan. “Tengo muy presente el caso de una chica trans llamada Vicky. La habían amenazado porque salía vestida de mujer. En 1991 la degollaron y su cuerpo fue tirado cerca a una cancha de vóley. Así era en esos años: unos días estábamos jugando y otros velando”, recuerda.

A través del vóley, Vilca Abal se conecta con jóvenes en situación de vulnerabilidad y las invita a participar en sus talleres, pero en la campaña electoral de 2021, cuando corrieron los rumores del regreso del terrorismo, ellas dejaron de asistir a las canchas deportivas. 

Iquitos, la capital de Loreto, se convirtió en lugar de destino para las personas LGBTI que huían de los grupos subversivos, debido a su inaccesibilidad por vía terrestre. Rita León, fundadora de la Comunidad Homosexual de Esperanza para la región Loreto (Cherl), recuerda que recibieron a compañeras trans y homosexuales de Yurimaguas, Pucallpa, Tarapoto y de las zonas de frontera. “Muchas se cortaron el cabello y tuvieron que asumir otra personalidad para que no las reconozcan. Trataban de ocultarse. Cuando todo acabó algunas regresaron a sus regiones, pero la mayoría se quedó”, dice.

En la segunda mitad del periodo de violencia terrorista, en la década del 90, la expansión del VIH y Sida fue un factor adicional de discriminación y prejuicio contra las personas LGBTI, especialmente en la Amazonía. Según los datos del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa, desde 1987 el número de personas diagnosticadas empezó a crecer de manera sostenida y alcanzó picos históricos en 1996 y 1997. Las estadísticas oficiales muestran que Loreto fue una de las cinco regiones con mayor incidencia de casos nuevos.

Si bien en Loreto se recuerdan más los estragos que dejó el VIH, aquí viven personas LGBTI originarias de esta ciudad a las que terrorismo las alcanzó cuando migraban. Son personas trans y homosexuales que abandonaron Iquitos por el maltrato que recibían en sus hogares o para buscar un mejor entorno donde expresar su identidad de género, y que estaban radicando en regiones que se volvieron foco de la violencia. 

Una de ellas es Denisse Vásquez, quien dejó su barrio por una falsa oferta de empleo y terminó explotada como cocinera en Tocache, San Martín, una ciudad liberada para el narcotráfico y el terrorismo. A partir de entonces su identidad de género fue usada como arma de coacción: si se oponía a las condiciones de semiesclavitud a la que era sometida, sus captores amenazaban con entregarla a los senderistas.

Denisse pasó una década de su vida huyendo entre las ciudades de Tocache, Tarapoto y Yurimaguas, hasta que llegó a Lima. Cuando nos cuenta esto, en plena entrevista, ella se levanta a buscar un viejo álbum de fotos. Con sus uñas color plata lo revisa hoja por hoja hasta que encuentra un retrato donde se le ve con un vestido negro ceñido y el cabello sobre los hombros. “Yo llegué a Lima así, como señora. Esta es la última foto que me tomé antes de pedir que me operen y me saquen todas las prótesis. Es que tenía miedo que los terroristas estuvieran tras de mí. No quería que me identificaran ni me mataran”, dice.

Luego de una larga permanencia en la capital, y cuando el terrorismo ya había sido erradicado de su ciudad natal, volvió a Iquitos. Ella y sus recuerdos. “En Lima todos decían que era más tranquilo, pero yo seguía sintiendo que vendrían por mi (...) Hasta los 35 o 40 años todos mis recuerdos eran lo que vi en Tocache. El recuerdo más perverso. De solo pensarlo se me vienen las lágrimas (...) Estábamos saliendo de un bar con mis amigas. Salí primero y ahí empezaron los disparos. La gente corría, yo también corrí. Ante mis ojos mataron a mis amigas. Las arrastraron con sogas por la calle, muertas, para tirarlas al río. Al día siguiente me escapé”.

La Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) —entidad del Ministerio de Justicia (Minjus) encargada de las reparaciones en salud, educación y materia económica para los deudos y sobrevivientes del conflicto armado interno— publicó en 2018 los lineamientos técnicos para que los funcionarios apliquen estas compensaciones con enfoque de género. El documento, sin embargo, no incluye un protocolo de atención en salud mental de las personas LGBTI que conviven con el trauma.

En el texto se asigna al Ministerio de Salud (Minsa) y al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) la responsabilidad de asistir física y psicológicamente a las mujeres violentadas en esos años, pero no se redactaron funciones así de específicas para el colectivo LGBTI. Solicitamos entrevistas con ambos ministerios para conocer sus acciones de reparación, pero no contestaron. 

Por su parte, el CMAN dijo que en 2020 su oficina pidió a los ministerios que informen la aplicación del enfoque de género en su Plan de Reparaciones, pero ninguno contestó. Sin embargo, añadió que en 2018 se hizo una ceremonia en Tarapoto en la que se ofrecieron disculpas públicas a este colectivo “por las afectaciones sufridas”.

Ari Jáuregui, sociologe y activista LGBTI, considera que una placa conmemorativa no repara a sobrevivientes que no son reconocidas ni por sus familias, por homofobia o transfobia. Por el contrario, dice, que el Estado debería ofrecer reparaciones económicas y atención integral a las sobrevivientes, implementar rutas seguras para atender sus denuncias y no tolerar la persecución que promueven los grupos antiderechos. 

“¿Qué hacemos cuando las personas que nos persiguen están en el poder? Hay que abordar los discursos transodiantes y homofóbicos que surgen del mismo Estado, donde grupos conservadores y antiderechos persiguen nuestras existencias”, dice. Jáuregui. Señala, además, la urgencia de posicionar las voces de las personas LGBTI en la memoria colectiva de la discriminación y los crímenes de odio, pues no son hechos del pasado, sino violencias que las siguen atravesando.

Las mujeres trans que fueron asesinadas son recordadas en la comunidad LGBTI por los nombres que honran su identidad de género. Vicky, Pilar, Andrea, Reyna y muchas más no existen para el Estado, ni en vida ni en muerte, porque son pocas las que logran cambiar sus nombres en sus documentos de identidad. 

La posibilidad de ser nombradas es el primer paso para respetar la memoria de las víctimas de los crímenes de odio, sin embargo, Leyla Huerta, activista trans y fundadora de la organización Féminas, explica que ante la falta de una Ley de Identidad de Género en  Perú las compañeras trans se ven obligadas a pasar por juicios humillantes y discriminatorios. Cuando alguna logra un fallo favorable, la oficina  de registro civil apela y prolonga su demanda.

Colombia nos lleva ventaja en recoger las voces de las personas LGBTI que sufrieron violencia, por lo menos en lo que se refiere a crímenes producidos durante el conflicto armado. En 2014, la justicia de este país emitió un fallo histórico y sancionó a grupos paramilitares por el asesinato de personas LGBTI durante este periodo, y en 2022 su Comisión de la Verdad se convirtió en la primera en el mundo en reconocer a las personas LGBTI como víctimas del conflicto. 

Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de Colombia, hasta la fecha se han identificado 5.137 personas LGBTI violentadas en este periodo. En Perú, sin embargo, el Registro Único de Víctimas (RUV) que se creó para identificar y reparar a las comunidades, sobrevivientes y deudos de los años del terror no considera la identidad de género. El padrón contiene más de 228 mil nombres clasificados como hombre o mujer.

Katherine Valenzuela Jiménez, secretaria ejecutiva de la CMAN, explicó que este padrón se construyó con los datos de la CVR, y no se avanzó en identificar a más víctimas LGBTI porque los registradores no estaban capacitados para inscribir, por ejemplo, a personas trans que carecen de un documento de identidad. “En 2020 los gobiernos locales empezaron a capacitar a registradores locales para llegar a más víctimas, pero la pandemia paralizó sus acciones (...) Sabemos que el Estado está en deuda con la comunidad LGBTI y pedimos disculpas por ello”, añadió.

Si bien el RUV no distingue la identidad de género de las víctimas inscritas, a través de pedidos de acceso a la información al Minjus, se pudo conocer que de las más de 228 mil víctimas registradas, seis son casos LGBTI. La lista está conformada por los hermanos Roger y Fransua Pinchi Vásquez, y su madre; y por dos de los fallecidos en la discoteca Las Gardenias y uno de sus familiares.

Roger Pinchi Vásquez, un exdocente de escuela de la ciudad Tarapoto, en la región San Martín, es el único sobreviviente LGBTI que el Estado peruano identificó en su lista de víctimas del terror. Su nombre aparece en el RUV porque él mismo se presentó ante las autoridades, en 2008, para contar cómo el terrorismo se ensañó con su familia y su hermana Fransua Pinchi Vásquez, secuestrada y asesinada de un balazo en el estómago por miembros del MRTA.

El crimen ocurrió el 20 de setiembre de 1990 y fue cubierto por la prensa de Tarapoto. Fransua fue una de las primeras mujeres trans de la localidad, además de una reconocida peluquera y empresaria de salones de belleza, pero su muerte aparece en la base de datos de la CVR con su nombre legal. Tuvieron que pasar casi 19 años para que el Estado la reconociera por su identidad de género, y solo tras la declaración de su hermano.

Pero no fue hasta 2018 que Roger Pinchi volvió para contar a las autoridades que él también fue una víctima. Meses antes del crimen de Fransua los emerretistas lo secuestraron y torturaron durante ocho días porque lo confundieron con ella. Durante el ataque su esposa fue acuchillada y aún vive con las secuelas. Él se identificaba como homosexual, pero dice que con la violencia en ascenso creyó necesario casarse y esconder su identidad. 

En 2018, el Estado lo incluyó en la lista de reparaciones y le otorgó una compensación de 10 mil soles, unos 3 mil dólares, que se diluyeron en la atención de su esposa, el desempleo y el cuidado de su madre hasta que falleció. No hubo más apoyo social ni psicológico para ellos. “Tuve que internar a mi esposa en un hospital, en Lima. Por mi prolongada ausencia, me cesaron como docente. No tenemos casa ni empleo fijo, vivimos en alquiler. Trabajé vendiendo comida, luego en peluquería. No me queda nada”, dice.

Académicos, organizaciones civiles, fotógrafos y periodistas, como Amanda Meza y Antonio López, así como el cineasta Juan Carlos Goicochea, quien prepara un documental, han analizado la violencia terrorista que se ejerció contra la diversidad sexual de Tarapoto en base al asesinato de Fransua Pinchi Vásquez y la matanza en la discoteca Las Gardenias. Estos dos casos, sin embargo, tienen una relevancia adicional, pues son los únicos que han llegado a los tribunales peruanos para buscar justicia por las víctimas LGBTI de los años del terror. 

Este reportaje expone, por primera vez, los detalles de esta investigación que estuvo a cargo de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial por siete años, y que fue formalizada ante el Poder Judicial el 31 de mayo de 2021, el Día Nacional contra los Crímenes de Odio. Se trata del expediente 00186-2021, de más de 170 páginas, en las que se busca probar que estos asesinatos fueron parte de una política de exterminio del MRTA contra homosexuales. El documento no menciona a otras personas de la diversidad sexual, ni incluye el accionar de Sendero Luminoso.

Aquí se acusa como autores mediatos de la muerte de Fransua Pinchi y el caso Las Gardenias a los cinco miembros de la entonces cúpula del MRTA: Víctor Polay Campos, Miguel Ríncon Rincón, María Cumpa Miranda, Alberto Gálvez Olachea y Peter Cárdenas Schulte, y a 12 dirigentes y emerretistas de la localidad como autores directos. Algunos de ellos purgan prisión, otros ya cumplieron su condena. El delito que se les atribuye es homicidio y terrorismo porque en Perú no existe una ley específica para castigar los crímenes de odio. 

Según la tesis fiscal, ambos crímenes fueron prácticas sistemáticas ejercidas para infundir temor. “Fueron parte de una práctica generalizada y sistemática contra la población civil, constituyéndose en crímenes contra la dignidad (...) estos hechos resultan ser una grave violación de los derechos humanos en agravio de un grupo humano definido y específico de lo población civil: la comunidad homosexual (sic)”.

Para sustentar su acusación, la fiscalía reunió a testigos de los actos de amedrentamiento e identificó dos crímenes inéditos contra homosexuales en esa localidad. El primero de estos es el homicidio de Salomón Pérez Armas, interceptado por un grupo de emerretistas cuando salía de casa de una amiga. El 12 de julio de 1992 su cuerpo apareció en una zanja, con un cable atado al cuello y una bala en el cráneo. Según el expediente, días antes de su muerte Pérez Armas recibió un volante que decía: “MRTA - Se les da plazo de 15 días para desocupar Tarapoto por ser lacra de la sociedad. De hacer incumplimiento a esta nota serán muertos y arrastrados como perros (sic)”.

La segunda víctima es Silvano Vela Carbajal, quien fue sacado de su casa a la fuerza, en 1991, por un grupo de 14 emerretistas que le dispararon un balazo en el pecho. El caso fue reconstruido por la fiscalía en base al proceso judicial 125-00/SP, que sirvió para condenar en 1998 al hoy fallecido emerretista Abel Pinedo Valles, pues en este expediente sus subdordinados narraban que él ordenó matar a Vela Carbajal solo por ser homosexual. Los terroristas declararon que sus jefes odiaban a las personas LGBTI. “Los buscaban para matarlos”. “Nosotros solo cumplíamos órdenes”, dijeron.

El expediente, además, recoge el atestado policial 009-SE-JP que se abrió en 1989 tras la masacre en el exterior de la discoteca Las Gardenias y que había quedado en el olvido. En este se menciona un manuscrito incautado en el lugar del crimen, el cual decía: “Comunicado: con este ya son 10 y así seguirán muriendo los fumones, soplones, rateros, homosexuales y violadores ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! - MRTA” (sic). Ese día se encontraron ocho cuerpos, siete alineados en el frontis del local y uno a pocos metros, todos boca abajo. Según la necropsia, cada uno tenía una bala alojada en el cráneo. 

El diario La República tituló el hecho así: “A balazos matan a 8 drogadictos”, pero en la nota explicaron que los cadáveres aparecieron “en el mismo paraje donde hace tres meses fueron encontrados otros dos homosexuales adictos a la pasta básica de cocaína y que fueron eliminados al cumplirse el plazo que les dio el MRTA para que salieran de la ciudad”. El semanario Cambio, señalado como vocero no oficial del MRTA, fue más específico y detalló que este grupo subversivo fue el que dio muerte “a un grupo de drogadictos y homosexuales que venían causando temor entre los vecinos”.

En su defensa, los terroristas niegan que haya existido una política de limpieza social o directiva contra las personas LGBTI. Algunos añaden que ciertos crímenes fueron acciones adoptadas por “milicianos del MRTA de Tarapoto que no se sometieron al control partidario”. Respecto a lo sucedido en Las Gardenias, rechazan que el semanario Cambio ‒que le atribuyó la autoría del crimen al MRTA‒ fuera su medio de propaganda. Incluso alegan que entre los asesinados en la discoteca no había personas trans o homosexuales.

Los testimonios reunidos por la fiscalía señalan que la discoteca era el punto de reunión para colectivos de la diversidad sexual. Solo un deudo, que testificó en el proceso, dijo que su familiar fue asesinado por ser adicto a las drogas. Además, la información que recogió en su momento la Comisión de la Verdad y la Comisión de Reparaciones sirvió para identificar, por lo menos, a dos víctimas LGBTI en este homicidio múltiple. 

Es preciso recordar que dos de los ocho asesinados no fueron identificados en la necropsia y permanecen como N.N. Para confirmar sus nombres y ofrecerles justicia póstuma, la fiscalía pidió la exhumación de los cuerpos.

La carpeta fiscal llegó el 18 de marzo de 2022 al Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio, el cual respondió que no era competente para continuar el juicio y lo devolvió. La decisión fue apelada y el caso avanzó hasta el 9 de enero de 2023, día en que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, desarticuló el sistema de fiscalías especializadas en Derechos Humanos, Interculturalidad y Terrorismo. Desde entonces, las fiscalías dividieron sus funciones: un grupo verá procesos de derechos humanos y otros de terrorismo, pese a que los crímenes cometidos en las décadas del 80 y 90 comparten ambos enfoques. 

La decisión de Benavides ocurrió en el contexto de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y debilitó al equipo que debía investigar la represión mortal contra los manifestantes, pero también impactó en los casos de Fransua Pinchi y Las Gardenias. El despacho fiscal a cargo de este expediente, el único documento en el que se busca justicia para las víctimas LGBTI del terrorismo, fue desarticulado en sus funciones y el 9 de marzo de 2023 tuvo que trasladar todo lo avanzando a la sección de terrorismo. Desde entonces, se desconoce el estado del proceso penal.

Ya no es el terrorismo el que persigue, discrimina y asesina a las personas LGBTI. Los perpetradores son el odio y el prejuicio, siempre lo fueron. Los agresores no usan pasamontañas ni portan fusiles, son desconocidos que las golpean y balean en plena calle. Son familiares que las maltratan y expulsan de casa en rechazo a su identidad de género. Son parejas que las consideran merecedoras de violencia. Son las fuerzas del orden que las humillan y agreden. Son funcionarios, políticos y religiosos que expanden discursos que las deshumanizan. Son la prensa y la sociedad que hacen mofa de ellas.

En el caso de Peregrina, los autores de su recuerdo más violento fueron cuatro jóvenes universitarios, vecinos de su barrio en Nauta, Loreto. Ellos la  interceptaban continuamente cuando la veían volver del colegio para acosarla, gritarle apodos, con la voz modulada, o exigirle que se comportara como hombre. Era 2013 y ella tenía 15 años, recién había empezado a identificarse como trans.

Un día, los gritos no bastaron. Peregrina fue secuestrada y abusada sexualmente por los cuatro estudiantes, en una habitación de hotel a cuyo dueño no le pareció extraño que entraran con una menor de edad. Los exámenes médicos confirmaron que la adolescente quedó con lesiones severas por los objetos que le introdujeron y tuvo que ser atendida en un hospital público. De las heridas psicológicas el Estado no se ocupó. La fiscalía tampoco procesó a los agresores.

Una década después, el 27 de febrero de 2022, la brutalidad alcanzaría a su mejor amiga: Pamela. Era de madrugada y ella dormía hasta que un dolor agudo la hizo despertar a los gritos. No pudo incorporarse, solo abrió los ojos y vio al hombre que la estaba apuñalando en su propia cama. El ensañamiento se cicatrizó en sus brazos, en el hombro izquierdo, el cuello y el pecho, pero no tocó la imagen que se tatuó en honor a su madre fallecida.

Según la declaración que Pamela brindó a la policía, aquella noche su pareja llegó a casa con un amigo para seguir bebiendo licor. En algún momento de la madrugada el invitado tomó un cuchillo e ingresó a la habitación donde ella descansaba. Allí desató su odio. La joven logró zafarse y pedir ayuda. “Yo estaba en shock, no sabía cómo procesar todo. Los primeros días pensaba que era mi culpa, que quizás me pasó esto porque antes tuve una vida mundana. Pero no, él apenas me conocía… Ninguna persona tiene derecho de lastimar ni quitar la vida a nadie”, dice Pamela.

Casi un año antes, en la misma ciudad de Nauta, otra mujer trans fue asesinada en su puesto de venta de celulares. El cuerpo de Reina Fernández Villanueva, de 27 años, fue encontrado al amanecer del 10 de mayo de 2021 con múltiples cortes, los más largos y profundos alrededor del cuello. No hubo señales de robo. Lo que más impactó a los policías fue que el homicida arrastró el cuerpo por todo el local, dejando un camino de sangre.

“Lo primero que pensé fue en lo que le pasó a Reina. Pude ser yo”, dice Pamela. 

La violencia contra las personas LGBTI no se expresa solamente a través de crímenes como estos. También existen los discursos de odio.

En el Perú, especialmente en la Amazonía, las iglesias evangélicas han alcanzado poder político y social, lo que les ha permitido propagar sus mensajes contra la identidad de género y las políticas de igualdad. Nauta no es la excepción, por el contrario, es frecuente encontrar a seguidores del Movimiento Misionero Mundial (MMM) en los mercados y plazas públicas, predicando que las personas LGBTI necesitan ser salvadas y que solo Jesucristo les puede devolver la paz.

Cayo Sinarahua Amasifuén es pastor de la congregación en esta ciudad y dice que se acercan a las mujeres trans para invitarlas a su iglesia. Les reparten volantes, biografías de sus líderes y les leen versículos de la Biblia. Según sus palabras, buscan ‘rehabilitarlos’. Para ellos, las personas trans, aquellas que son agredidas, humilladas y asesinadas, son las que deben enmendarse.

La sociologe Ari Jáuregui advierte que este tipo de discursos religiosos no son exclusivos de Perú. Existen organizaciones internacionales que financian una agenda ultraconservadora y antiderechos en diferentes países, con mensajes que deshumanizan a las personas LGBTI y validan los prejuicios sociales que sirven de impulso para actos violentos. “Desde cargos políticos, científicos y religiosos se movilizan en contra de nuestra existencia y eso hay que denunciarlo”, añade. 

La violencia por prejuicio existe y ha sido definida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como un fenómeno social y continuo, que resulta de la justificación de percepciones y generalizaciones negativas, pero también falsas, ante situaciones que parecen ajenas a lo normativo. “Tal violencia requiere de un contexto y una complicidad social, se dirige hacia grupos sociales específicos, tales como las personas LGBTI y tiene un impacto simbólico”, indica en su informe Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América.

Este tipo de violencia, añade Jáuregui, deja un mensaje en toda la sociedad. “Los crímenes de odio buscan aterrorizar a las personas LGBTI. Es una forma de mostrar a la comunidad quién tiene el control, quién puede ejercer violencia. Es decirle a la otra persona: tú no puedes existir porque yo no lo voy a permitir. Y esto no afecta solo a quien es violentada, o a su entorno, sino a toda la comunidad que recibe el mensaje”, señala.

Solo entre 2018 y 2021 los Centros de Emergenca Mujer del MIMP atendieron 148 casos de violencia física y 60 casos de violencia sexual contra personas LGBTI en todo el país. En el mismo periodo, la Policía Nacional recibió 135 denuncias por actos discriminatorios en diferentes regiones. La cifra no muestra a quienes optaron por no denunciar la agresión.

Carol Ríos, líder de la asociación de mujeres trans en Loreto y coordinadora del proyecto Oportunidades Trascendentes, explica que la violencia es una realidad cotidiana para sus compañeras, tanto que no lo asimilan hasta que están al borde de la muerte. El rechazo de las familias, la falta de oportunidades educativas y laborales, la precariedad en las que muchas son forzadas a vivir, situaciones de explotación y el desprecio de la sociedad son normalizados porque creen que es el precio a pagar por mantener su identidad. 

“Exigimos igualdad de derechos. Se necesitan más espacios para que las personas trans puedan desarrollarse a nivel educativo y laboral”, dice Ríos. Ella también es funcionaria en el Gobierno Regional de Loreto, pero para acceder y mantenerse en el puesto ha debido luchar contra la estigmatización y burlas de colegas que creen que su presencia avergüenza a la institución.

El Código Penal no reconoce la figura legal de violencias por prejuicio o crímenes de odio, por lo que las muertes de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales se esconden en los registros oficiales como lesiones y homicidio común. Recién desde febrero de 2023 se debate el Proyecto de Ley 4228 para considerar este móvil como agravante.

En Perú tampoco existe un monitoreo estatal de estos crímenes. En 2022, el Ministerio Público difundió la primera investigación oficial que analiza los crímenes violentos de 88 miembros de este colectivo, registrados entre 2012 y 2021, y solo pudo hacerlo tomando como base los datos del Observatorio de Derechos LGBTI de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), que sí registra la identidad de género de las víctimas. 

Una de las conclusiones del informe es que el 68,4% de los expedientes analizados contenía indicios de violencia por prejuicio, pero solo en el 2,2% de los casos los fiscales a cargo habían considerado la orientación sexual como un factor probable detrás del homicidio. En la mayoría de carpetas de investigación no se identificaba un motivo claro detrás de la muerte o lo atribuían a la delincuencia común. Los crímenes de odio no están en el radar de los operadores de justicia.

En 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) marcó un precedente al sancionar al Estado peruano por la detención arbitraria, tortura, violación sexual y discriminación policial contra Azul Rojas Marín, una persona LGBTI. El Estado ofreció disculpas públicas a la sobreviviente, pero aún no juzga a los responsables como ordena la sentencia. También está pendiente que se implemente un monitoreo estadístico de las violencias contra los colectivos de la diversidad sexual y se apruebe un protocolo para administrar justicia cuando se vulneran sus derechos.

La jueza Elvira Álvarez, presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, explica que en 2022 publicaron un protocolo para la administración de justicia con enfoque de género, y está pendiente que el Estado emita un documento similar para atender específicamente a la población LGBTI, como lo ordena la sentencia del caso Azul Rojas. Estos lineamientos serán obligatorios para todos los ámbitos, no solo el judicial.

La activista Leyla Huerta sostiene que desde la masacre terrorista, hasta la actualidad, el Estado peruano no ha impulsado políticas para proteger los derechos y la vida de las personas LGBTI, sobre todo trans. Al contrario, advierte una consolidación del conservadurismo y discursos discriminatorios desde el Congreso y el propio Poder Ejecutivo. “Tenemos que preguntarnos qué ha hecho el Estado para recuperar la memoria histórica de los crímenes que se cometieron contra nosotras en los años del terrorismo, y los que se siguen cometiendo. Hicieron una ceremonia en Tarapoto para pedir disculpas, nada más. Queremos hechos, no palabras”.

Solo en los dos primeros meses del 2023, ocho mujeres trans fueron asesinadas en otras regiones del Perú, en La Libertad, Arequipa, Lima, Lambayeque y Amazonas. Una de ellas fue carbonizada y arrojada a un terreno baldío, otra fue encontrada muerta en un hotel con signos de tortura, y una tercera fue baleada por negarse a pagar un cupo a mafias de proxenetas. 

Esto detonó algo inédito en el país: cientos de mujeres trans y trabajadoras sexuales se unieron y realizaron la primera marcha contra los crímenes de odio. Recorrieron las calles de Lima y llegaron hasta la sede policial exigiendo justicia por los asesinatos, protección para sus vidas y un alto a la discriminación. No están dispuestas a seguir siendo invisibles para las autoridades, ni en vida ni en muerte.